Denuncias de hace 10 años, contactos que llegan a España y 70 países y las “promesas de bienestar” a personas vulnerables

Por estos días buena parte de la atención pública se posiciona encima de la investigación a la ONG Remar que lleva adelante la Justicia Federal por los delitos de trata de personas y explotación laboral.

Casi dos semanas después de los múltiples allanamientos situados en San Luis y en otras seis jurisdicciones, continúan saliendo a la luz datos escabrosos vinculados a la fundación que, según ellos mismos, se dedica “íntegramente a la ayuda humanitaria”.

El especialista en el tema e impulsor de legislaciones contra organizaciones coercitivas (popularmente conocidas como sectas), Pablo Salum mantuvo un mano a mano con El Chorrillero para aportar detalles sobre la ONG, el “accionar delictivo” que llevan adelante, el aprovechamiento de personas vulnerables y cómo existe la posibilidad de crear herramientas para minimizar la llegada de estos grupos.

“No solo que los conozco, los vengo denunciando hace más de 10 años”. Así se referenció apenas se mencionó en la entrevista el nombre de Remar.

En este sentido agregó que, en su momento, mantuvo una reunión con el por entonces titular del Sedronar, Juan Carlos Molina para plantear el avance de la ONG en los diferentes estratos de la sociedad y del territorio nacional.

Así, señaló que desde mediados del 2012 comenzó a ayudar víctimas no solo de Argentina, sino que de España también. “Es una organización coercitiva a nivel internacional”, puntualizó.

“La metodología, la operatoria, fue siempre la misma: captar a personas en situación de vulnerabilidad, es decir, personas con adicciones, en situación de calle y ofrecerles un resguardo a través de la persuasión coercitiva, hacerlos miembros de una supuesta familia y luego explotarlos laboralmente”, precisó.

Esta investigación fue comandada por el fiscal Federal de San Luis, Cristian Rachid y sus pares Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de Protex que desde hace tiempo tienen la mira a Remar.

¿El resultado? En 38 allanamientos en la provincia, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron detectados decenas de menores y gente viviendo en condición de servidumbre.

Fueron rescatadas 498 personas a lo largo de las sedes argentinas y en total siete personas quedaron imputadas e imposibilitadas de salir del país.

El juez Federal, Juan Maqueda dispuso garantizar que las víctimas no sean intimidadas ni objeto de represalias.

Con estas novedades sobre la mesa, Salum resaltó los trabajos a los que se sometían aquellos que eran captados: “La explotación laboral consistía en hacerlos salir a la vía pública a vender productos. La mayoría de las veces vendían calendarios, bolsas de residuos, panificados, lo que sea”.

“Hay casos en los cuales, y me consta, a las víctimas les quitaban los documentos de identidad, inclusive”, sumó.

Salum encabeza la Fundación Libre Mentes que lucha para que este tipo de organizaciones no prosperen, brindan contención a las víctimas y promueven políticas públicas para que los diferentes gobiernos eduquen y ofrezcan herramientas para identificarlas.

Esta red desplegada permitió conocer testimonios vinculados a Remar: “Comenzamos a profundizar en el tema hace un año y medio, en el cual una de nuestras activistas tuvo contacto con un chico y este le dijo lo que estaba sucediendo. Logramos hacer un trabajo con el comité de Lucha Contra la Trata”.

A la hora de ponerle una especie de “título” a la organización dijo que podría comprarse a una agrupación con una “doctrina de índole cristiano”, aunque aclaró que ellos no apuntan a las creencias religiosas ni nada por el estilo, sino más bien “cuando hay un tercero aprovechándose de la vulnerabilidad para someter y delinquir”.

“Son organizaciones coercitivas, no son religiones y cultos que tienen como meta el bien social, la meta fundamental de cualquier religión y cualquier culto. Cuando hay delitos, hablamos de una organización coercitiva, como es este caso y no tengo duda”, afirmó.

Según reza Remar en su página web, funciona desde 1992 y fueron atendidas más de 30.000 personas que han sido asistidas de “forma libre” en los centros distribuidos en 70 países “gracias a la ayuda de Dios y al apoyo de miles de colaboradores voluntarios”.

Dicen, a su vez, que las personas vulnerables y en condición de marginalidad “son bien recibidas y de manera gratuita”.

Respecto al futuro de la causa y la posibilidad de desbaratar una nueva organización coercitiva, Salum no fue muy auspicioso debido a la falta de legislación que existe tanto en San Luis como en el resto de las provincias argentinas y a nivel Nación.

“Ojalá que me equivoque, pero es como pegarle a una pirámide desde un lado, la pirámide sigue estando y se reconstruye. Por lo cual, ¿sabés lo que va a suceder? Van a romper una parte de la estructura, pero van a seguir funcionando ¿por qué? Porque no tenemos leyes y porque ellos (Remar) se van a escudar diciendo ‘no sabíamos, nosotros no fuimos, nosotros no éramos parte’”, aseveró.

Y completó: “No sé si la Justicia va a encontrar pruebas de cada sede, no sé si van a apuntar a la cabeza de la ONG o van a ir por abajo, pero yo lo veo muy difícil porque estas organizaciones son muy hábiles, tienen mucho dinero generado a través de la esclavitud de sus víctimas por lo cual tienen abogados muy hábiles. Van a intentar decir ‘nosotros tenemos derecho a tener una asociación y ayudar a víctimas’”.

El desinterés político en San Luis y Argentina

La falta de políticas para detectar estas sectas es una de las duras críticas que hace Salum. En estos años logró que provincias como Corrientes y Córdoba sancionen normas que ofrecen herramientas a los gobiernos y la Justicia para combatirlas.

En noviembre del 2018 arribó a San Luis y presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para la prevención y la asistencia a las víctimas y sus familiares.

Si bien habló con los legisladores sobre la iniciativa, jamás tuvo tratamiento en la Cámara Baja, ni siquiera fue discutida en las comisiones. Hoy no hay ningún tipo de instrumento normativo sobre el tema.

“Los gobiernos de forma independiente podrían tener legislación, podrían tener un observatorio, podrían tener un gabinete especializado y no lo ahcen”, contempló.

De esta misma forma afirmó que, más allá de haber presentado la iniciativa a través de la por entonces diputada Elena Pastor (UCR), estos proyectos son impulsados sin ningún tinte partidario. “A las organizaciones no les importa si sos de la UCR, del PRO o del PJ, si pueden captarte, te captan”, dijo.

De esta manera fue por más y señaló que, de haber tenido una legislación, el alcance de Remar podría haber sido mucho menor.

“¿En qué podría haber ayudado? Quizás no teníamos la cantidad de víctimas que tenemos hoy, ¿por qué? porque la ley que nosotros planteamos es un reconocimiento de la situación, la creación de una campaña de concientización, de educación, de prevención, de asistencia a la víctima, se buscaba capacitar a la Policía, a los funcionarios”, explicó.

Y profundizó aún más: “Es probable que hubieran reconocido que esto era una organización coercitiva hace cinco o seis años y podríamos haber salvado un montón de vidas, porque detrás de esta historia, lo que muchos no saben, que muchas víctimas terminan en suicidio”.

“Igual esto no es mágico, eh. Esto va de la mano con otras políticas, con otras políticas. Porque si San Luis hubiera tenido centros de rehabilitación estatales como corresponde en donde se trate la salud mental, Remar no existiría o existiría de otra forma, pero no captaría tantas víctimas en situación de vulnerabilidad”, advirtió.

Su historia

Salum, a su vez, es el principal denunciante de la “Escuela de Yoga Buenos Aires”, acusada de ser una secta dedicaba a captar personas mediante engaños o en situaciones de vulnerabilidad, tanto por ser menores de edad como por sus graves problemas de adicciones, de salud, diferentes tipos de violencia y situaciones de crisis.

Fue víctima desde los 8 años cuando ingresó junto a su familia. Pasó el tiempo, logró escapar y a los 14 hizo la primera exposición sobre las aberraciones que se escondían detrás de la actividad.

“Es una lucha que lleva 30 años para pedir justicia. Lo más grave es eso, que una persona, un sobreviviente, tenga que luchar durante tantas décadas para lograr justicia. Montón de otros niños abusados y sometidos han sido golpeados y torturados. Hasta hoy pagamos las secuelas”, manifestó.

A lo largo de la nota, se detuvo en varias oportunidades en dar cuenta de cómo fueron captados y cómo funcionaba la organización dirigida por Juan Percowicz.

“Se vendía como un enviado de Dios, un ángel, una persona que había evolucionado, que había logrado llegar a la evolución máxima y que supuestamente había venido a la tierra con el fin de salvar al mundo y que nosotros éramos parte de esa historia, parte de ese grupo de élite que íbamos a lograr salvar al mundo”, añadió.

Según la investigación, una vez que alguien ingresó, los iniciaban y les cobraban para darles acceso a la palabra del líder, a la promesa de felicidad y bienestar y a pertenecer al “círculo”.

También eran obligados a cortar con los lazos familiares, a ceder bienes y propiedades y a pagar, incluso, vendiendo el cuerpo por dinero.

Luego de salir, pudo tener acceso a documentación y ver en primera persona las vejaciones: “Las víctimas terminaron siendo explotadas sexualmente, los niños fueron obligados a tener relaciones sexuales con adultos, hubo muchos casos en los cuales los obligaron a tener relaciones sexuales con sus propios padres”.

“Me encontré con un mundo totalmente oscuro en el cual no había terminología adecuada, me encontré con un montón de cuestiones que estaban realizadas pero que tenían fallas, legislaciones internacionales que tenían problemas. Hoy toda mi vida pasa por saber cómo ayudar a que otros no pasen por lo mismo”, finalizó.